Una democracia de nuevo tipo

Posted 15:07 by Ferran Fullà in Etiquetes de comentaris: Elementos de estrategia

En artículos anteriores hemos situado como uno objetivo estratégico la conquista de una democracia de nuevo tipo. ¿Qué es, entonces, este tipo de democracia?

Es un Estado que representa el poder de la alianza entre las clases trabajadoras y otras clases sociales, con la clase obrera como fuerza dirigente, y que es capaz de resolver, en unos casos, o empezar a hacerlos, en otros, las grandes contradicciones o grupos de contradicciones de distinta naturaleza.

En relación a las tareas que dicha democracia debe solventar, sugerimos un programa general que en su estado actual de elaboración consta de quince puntos.

Consideramos que este programa responde a los intereses de la clase obrera y es, al mismo tiempo, compatible con los de las demás clases opuestas en mayor o menor grado a la burguesía monopolista y al imperialismo.

1- El Estado debe reflejar los intereses comunes de tres clases fundamentales: proletariado, pequeña burguesía y burguesía media. La clase obrera es la única que está en condiciones de ser la fuerza dirigente del Estado.

2- Es preciso desarrollar las formas de democracia representativa del actual régimen para asegurar tanto la participación y educación política del pueblo como una centralización adecuada de las decisiones políticas. En particular, debe adoptarse la forma republicana de gobierno por ser la que mejor encarna el principio de soberanía popular. Esta organización del poder debe ser completada con otras formas democráticas de base en las empresas del sector social y en otros terrenos. Unas condiciones eventualmente desfavorables en la instauración de la democracia de nuevo tipo, así como la concreta configuración del poder real en tal situación no invalidarían en ningún caso este objetivo.

3- Hay que garantizar el derecho de autodeterminación a las nacionalidades periféricas. Entendemos que, practicando una efectiva cooperación basada en la igualdad nacional, prohibiendo todo acto que atente contra este principio, organizando federalmente el Estado y ampliando en este marco las atribuciones de que hoy gozan las autonomías de base nacional, se podrá responder a los intereses y aspiraciones mayoritarios, poner en juego todo lo que hay de positivo en la existencia de España como país plurinacional y materializar el derecho de autogobierno.

4- Es indispensable un ejército permanente totalmente compenetrado con el pueblo, al servicio de la independencia y soberanía de España, cuya doctrina sea la de la defensa popular ante una amenaza exterior, y que no dependa de otros países en cuanto a lo esencial del armamento.

5- La Iglesia católica debe quedar desvinculada del Estado, autofinanciarse y acatar estrictamente la legalidad democrática. La libertad de práctica religiosa y la igualdad entre los distintos credos tienen que estar aseguradas.

6- Los organismos estatales y sus funcionarios tienen que estar al servicio del pueblo que los debe fiscalizar mediante los organismos de poder del mismo nivel y las formas de democracia de base en las entidades económicas, educativas, sanitarias, etc. Transformación de la administración del Estado encaminada a simplificar su organización, evitar el solapamiento entre organismos que hoy existe a cada nivel o entre los centrales y locales, acabar con la mentalidad y práctica corporativistas, elevar su eficiencia y adecuarla a las exigencias cambiantes y a las crecientes demandas sociales. Adopción del sistema de nombramiento y revocación de funcionarios por los organismos representativos de cada nivel.

7- El Estado no debe ceder parcelas de soberanía a otros países, debe recuperar las que se hayan perdido -Gibraltar, bases extranjeras, tratados militares desiguales- y renunciar a los viejos asentamientos en el norte de África resolviendo adecuadamente los problemas que ello ocasione a la población. En política exterior, tiene que guiarse por los cinco principios de la coexistencia pacífica en sus relaciones con los demás Estados (respeto recíproco de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, solución de todos los conflictos internacionales por medios pacíficos, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y provecho mutuo en las relaciones, abstención de actos o amenazas de agresión o empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de un país); y asimismo debe contribuir a la preservación de la paz mundial, renunciando al recurso de la guerra excepto en caso de legítima defensa, y apoyando los países que sean víctimas de agresión de las grandes potencias; establecer relaciones en pie de igualdad con el Tercer Mundo, sostener las acciones y demandas de éste contra la expoliación económica, el racismo, el colonialismo, el imperialismo y cualquier otra forma de hegemonismo, y, en particular, impulsar la cooperación con Latinoamérica y los países africanos que padecieron el colonialismo español.

En el ámbito de nuestro continente, hay que oponerse al reparto de esferas de influencia entre superpotencias, y hay que luchar, asimismo, por la sustitución de la CEE por un proyecto de integración europea, política y económica, al servicio de las clases populares.

8- La economía debe organizarse principalmente de acuerdo con las necesidades materiales y culturales del pueblo, aunque en una parte de ella siga imperando la acción espontánea del mercado y el beneficio privado. Esto requiere las siguientes medidas, relativas, las cinco primeras, a la propiedad y la sexta, a los objetivos y medios de la política económica del Estado:

Socialización, que puede ser parcial en determinados casos, de la propiedad de la banca y demás establecimientos privados financieros y de seguros, de las principales fuentes de aprovisionamiento de energía, recursos mineros y otros recursos naturales, de las empresas monopolistas, las grandes explotaciones agrarias y el suelo urbano, garantizando una justa indemnización a los pequeños accionistas o el mantenimiento de su cuota de propiedad. El gobierno federal o los gobiernos de nivel inferior al federal administrarán, según los casos, este sector de propiedad social estatal o de todo el pueblo, y en él los trabajadores deben tener voz y voto en la marcha y administración de cada empresa.
Mantenimiento de las distintas modalidades existentes de propiedad social colectiva de los trabajadores, como cajas rurales, mutualidades, cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc., en el campo y la ciudad.
Mantenimiento de la propiedad privada en los restantes tipos de empresas, así como ayuda estatal para su modernización o para su integración en el sector social, si ésta es la voluntad de sus propietarios. Comités de empresa, elegidos por toda la plantilla, con atribuciones relativas a las condiciones de trabajo y al cumplimiento de las normas legales sobre administración, producción o venta y empleo.
Mantenimiento de la propiedad sobre los medios de producción y sobre la tierra en los casos de los trabajadores autónomos y las explotaciones agrarias familiares, y todo tipo de facilidades si prefieren organizarse colectivamente.
Creación eventual de empresas mixtas entre los sectores antes citados.
La política económica que impulse el Estado debe guiarse por un plan obligatorio para el sector estatal, o para la parte fundamental de él, y un plan indicativo para el resto de sectores -colectivo, privado e individual-. Sus objetivos son: alcanzar un crecimiento sostenido tanto de la producción, acumulación y consumo, manteniendo las relaciones adecuadas entre estos tres factores y entre industria, agricultura, etc., como de los resultados económicos, y tender al equilibrio en los intercambios con el exterior. Es decir, lograr que el mercado empiece a estar regulado conscientemente a fin de cubrir de manera progresiva las necesidades sociales, adaptarse a los cambios de éstas y evitar o paliar los efectos de la turbulencia económica internacional. En la aplicación del plan obligatorio habrá que combinar las medidas económicas -política de precios, salarios, impuestos, créditos, etc.- con las medidas administrativas. Para elaborar los planes y llevarlos a la práctica, además de la labor propia de los gobiernos federal y locales, se precisará contar con organismos representativos de los distintos sectores implicados, tanto central como localmente.

9- Expropiación de todas las inversiones provenientes de Estados y empresas extranjeras que intenten socavar la democracia del pueblo. En cuanto al resto de inversiones o empresas extranjeras, se debe plantear la recuperación de las que sean vitales para la economía del país, para la defensa o debido a otras razones de interés general, y renegociar en los demás casos sus condiciones de permanencia en España, partiendo de los compromisos contraídos anteriormente, por ejemplo, de la situación en que se encuentre España en relación a la Comunidad económica europea. Aplicar criterios similares en lo que respecta al pago de patentes o de asesoramiento técnico y de gestión.

Promover la investigación científica y técnica mediante el plan para el sector estatal; estimular el desarrollo tecnológico en los sectores de propiedad colectiva y privada mediante el plan indicativo; impulsar la cooperación entre entidades estatales, colectivas o privadas, dedicadas a la producción, la técnica y la ciencia, tales como empresas, universidades, asociaciones científicas, etc., con el fin de ensanchar la base tecnológica propia.

La entrada de nuevas inversiones, la compra de tecnología o el establecimiento de empresas mixtas con capital extranjero deben efectuarse considerando las necesidades e intereses globales del país y no hipotecando el futuro de éste.

10- El sector estatal no debe ser subsidiario respecto de la empresa privada. Su función es la de proporcionar al país los productos y servicios vitales para la economía, la defensa y el bienestar de la población tanto en cantidad como en calidad. Para ello debe elevar su eficiencia, dotando a las empresas de un margen suficiente de iniciativa, responsabilizando a la dirección de éstas de los resultados y aplicando incentivos y sanciones; y actuar como motor de los demás sectores, la innovación tecnológica y las relaciones económicas con el resto del mundo.

Por otra parte, tanto el Estado como el sector de economía estatal tienen que:

Cooperar en múltiples formas con el sector colectivo, para que éste despliegue plenamente sus ventajas en las actividades en que sea económicamente viable, promoviendo la creación de empresas de este tipo y transfiriéndoles, cuando sea conveniente, bienes socializados.
Facilitar el desenvolvimiento de aquellas empresas y explotaciones agrarias privadas que sean rentables, cubran necesidades sociales o trabajen para la exportación, tengan unas dimensiones, un capital y una técnica adecuados y cumplan sus obligaciones legales, comprando una parte de su producción, encargándoles tareas parciales, estableciendo empresas mixtas, etc., sin caer en la arbitrariedad y la expoliación que son habituales bajo el sistema monopolista. Adoptar un enfoque parecido en lo que atañe a los trabajadores autónomos y pequeños campesinos cuyas actividades les permitan un nivel normal de subsistencia.
Adoptar las medidas necesarias para impulsar la transforma-ción de todas las empresas privadas y explotaciones agrarias no rentables, dedicadas a actividades sin futuro o que no posean las dimensiones, el capital o la técnica adecuados, asesorándolas en cuanto a gestión, reconversión de actividades o tecnología, aconsejando su cooperación o fusión con otras empresas sin modificar el tipo de propiedad o bien promoviendo su organización como propiedad colectiva y dándoles eventual-mente facilidades crediticias o fiscales. En particular, ésta sería la vía más eficaz para afrontar el problema del hundimiento de un gran número de explotaciones agrarias familiares al' como el exceso de pequeños negocios urbanos en varias zonas.

11- Avanzar hacia el pleno empleo exigiría, partiendo de la situación actual, contener la destrucción de puestos de trabajo en el campo y la ciudad, y lograr seguidamente un desarrollo adecuado de los cinco tipos de propiedad señalados. En particular, es indispensable, primero, cambiar la situación degradada en que se encuentra una mayoría de pequeñas y medianas empresas, tal como se indica en el punto anterior, para estabilizar, sobre todo, los puestos de trabajo existentes en las zonas urbanas; segundo, aplicar un complejo abanico de medidas orientadas a mejorar la agricultura (regadíos, diversificación de la producción agraria, concentración parcelaria en las regiones de minifundio, reparto de tierras poco aprovechadas en la España latifundista, organización en cooperativas de una parte de las explotaciones familiares, ...), a desarrollar la industria rural (ampliar el campo de actividades de las cooperativas a la elaboración de productos agrarios y a la producción de artículos necesarios para la agricultura y la vida de los campesinos, ...), y a dotar el campo de mejores servicios sociales y comunicaciones, con objeto de fijar una parte importante del excedente humano de la agricultura en los mismos pueblos, cabeceras comarcales y pequeñas ciudades.

La ampliación de la población trabajadora, que significa esencialmente la incorporación masiva de la mujer al trabajo, exige además de resolver los problemas anteriores y alcanzar un crecimiento sostenido de la economía, ir reduciendo la jornada laboral en función del progreso tecnológico, adoptar medidas legales igualitarias, multiplicar las guarderías y otros servicios sociales, realizar una educación persistente para desarraigar prejuicios y ejercer un presión social para vencer discriminaciones.

12- La democracia de nuevo tipo puede empezar a atenuar los desequilibrios territoriales, pero no puede solucionar de raíz este problema, pues la acción espontánea del mercado, incluso restringida, sigue desempeñando un papel importante, y esto entraña una cierta tendencia a la canalización preferente de recursos hacia las zonas más fuertes. Ahora bien, la expansión del sector colectivo, el saneamiento de la empresa privada y las acciones correctoras del sector estatal, además de estabilizar el empleo en las zonas agrarias, deben animar la actividad económica en las regiones deprimidas y permitir, por consiguiente, el comienzo de su recuperación.

En cuanto a las medidas políticas, unas mayores atribuciones a las nacionalidades en el sistema federal dan pie a que éstas puedan aprovechar al máximo sus propias capacidades y esforzarse por corregir las desigualdades que existen entre sus distintas regiones.

Asimismo, la propiedad social del suelo en las zonas urbanas permite establecer una distribución apropiada entre las distintas actividades y abaratar los costes de construcción, y contribuye, por lo tanto, a mejorar las condiciones de vida de la población.

La propiedad social de los principales recursos naturales, como bosques, montes, aguas, etc., y la extensión de la propiedad colectiva en el campo son dos condiciones de partida indispensables para evitar la actual destrucción de tales recursos y restaurar progresivamente el medio natural del país.

13- Los derechos de expresión, reunión, manifestación, asociación, huelga y representación política tienen que estar garantizados para las clases populares, así como la utilización de locales y medios de comunicación públicos. Los derechos individuales de trabajo, educación, asistencia social, etc. y las garantias ante la acción de la justicia se deben aplicar a todos los ciudadanos sin excepción.

14- En caso de divergencias agudas entre corrientes ideológicas y partidos políticos, en los conflictos entre empresarios y trabajado-res y ante cualquier otra oposición manifiesta de intereses y puntos de vista entre sectores del pueblo o entre éstos y organismos públicos, el Estado tiene que facilitar que los problemas se solventen, partiendo de los intereses comunes a todo el pueblo y puede, dado el caso, mediar entre las partes, apoyar o criticar a una u otra, pero no debe recurrir a la represión a menos que se cometan actividades contrarrevolucionarias, agresiones, destrucción de bienes u otros actos ilegales.

15- El servicio a la España plurinacional y al pueblo; la defensa de su régimen social y su democracia frente a las ideas y prácticas reaccionarias; el reconocimiento del trabajo como única fuente de riqueza; el espíritu de cooperación y de responsabilidad ante la sociedad frente al individualismo desenfrenado y la búsqueda de privilegios; el respeto a los bienes estatales, colectivos y privados legítimos; el apoyo a las lenguas y culturas minoritarias; la promoción de una cultura de base científica; la defensa de los derechos de España en el plano mundial, de su independencia y soberanía, y sus deberes de solidaridad; así como el reconocimiento de los derechos humanos y de los pueblos, según las declaraciones de la ONU, son principios que las distintas clases populares pueden compartir y que deben inspirar la acción del Estado.

La perspectiva socialista.

Para los comunistas y trabajadores conscientes la democracia de nuevo tipo no puede ser más que una etapa de transición hacia el socialismo, es decir, hacia un régimen en el que el desarrollo de las fuerzas productivas y de la organización y educación política de la clase obrera permitirán transformar la burguesía en clase trabajadora, eliminar la explotación y los antagonismos de clase, dirigir socialmente la economía en su conjunto y poner en práctica el principio de distribución "de cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su trabajo". La propiedad social sobre los medios de producción y cambio más importantes y aspectos decisivos de la política económica serán ya elementos de socialismo en el terreno económico. El papel dirigente del proletariado en el Estado y los consiguientes cambios en la mentalidad y hábitos sociales lo serán también en los terrenos político e ideológico. Por el contrario, no todas las fuerzas políticas y sociales objetivamente interesadas en la democracia de nuevo tipo, como es el caso de la burguesía media, aceptarán de entrada que la sociedad se transforme en un sentido socialista. Habrá, por lo tanto, lucha de clases y resistencias varias a la orientación que siga el nuevo Estado en lo político, ideológico y económico.

Aun así, el sistema de democracia del pueblo, defendiendo los intereses mayoritarios desde el mismo aparato del Estado e incorporando a una vida política activa a millones de trabajadores, ofrece la posibilidad de amortiguar los conflictos de clase, de evitar que los antagonismos estallen en todos los terrenos, de convencer y educar a las minorías que intenten aferrarse a privilegios irrazonables, siempre que las fuerzas contrarrevolucionarias derrotadas o sus aliados exteriores no consigan ganar puntos de apoyo en el mismo pueblo. Consideramos, por consiguiente, que la democracia de nuevo tipo permite una evolución pacífica hacia el socialismo, si se logra evitar una agresión exterior o la utilización de las divergencias entre las clases populares por parte de las fuerzas dispersas de la burguesía monopolista.